Proyectos

 
Nuestros proyectos

Los proyectos de investigación llevados a cabo por el equipo de investigación sobre exclusión social, discriminación y derechos humanos (EQUIDHUMA) se enmarcan siempre dentro del análisis crítico del contexto social y de las respuestas que ofrece el Derecho a distintas formas de discriminación estructural.

 
INVESTIGACIÓN “LA CONDENA DE LOS EXCLUIDOS. FRONTERAS INSTITUCIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS. (EN CURSO)

Objetivos

Tomando como base la precariedad creciente en las condiciones de ejercicio pleno de los derechos humanos de quienes son arrastrados a los márgenes por el propio sistema o sencillamente abandonados a su suerte, la investigación se basa en la siguiente hipótesis: la globalización neoliberal genera situaciones de exclusión y de vulneración de derechos que el Estado permite –al no garantizar los mecanismos jurídicos para evitarlas– e incluso llega a agravar, al sancionar o criminalizar en ocasiones comportamientos derivados de tales situaciones de marginalidad. Nuestro caso de estudio será el español, teniendo las conclusiones un afán proactivo y aun de lege ferenda. La novedad de la investigación y la principal aportación de la misma para el ámbito temático en el que se enmarca es el enfoque que se propone, ya que el estudio no bascula tanto sobre los colectivos discriminados como sobre las situaciones de exclusión que genera o perpetúa el propio sistema.


Siguiendo la línea habitual de nuestro equipo, la investigación se plantea desde una perspectiva transversal, comenzando por un acercamiento científico social, antropológico, a las consecuencias del desmantelamiento del Estado social. Posteriormente, abordaremos dos fórmulas, especialmente significativas, de cómo el sistema empuja hacia los márgenes a determinados grupos de personas: por una parte, analizaremos la construcción mediática de la imagen de las mujeres extranjeras y extanjerizadas, la medida en que se las otrifica, y, por otra, nos centramos en cómo el uso de la inteligencia artificial por las instituciones –desde los servicios sociales hasta las fuerzas del orden público– puede ser una forma de perpetuar la discriminación y la marginación.


Finalmente, desde el ámbito jurídico nos aproximaremos a diversas situaciones de vulneración de derechos: desde el derecho penal, nos centramos en el tratamiento que se otorga a determinados grupos de personas situadas en las márgenes del sistema por encontrarse en una situación de pobreza o precariedad, por su condición de migrante en situación de irregularidad administrativa o por dedicarse al ejercicio de la prostitución; desde el derecho laboral nos centraremos en la precariedad en el trabajo; desde el derecho civil, en la precariedad en la vivienda, desde el derecho internacional y procesal, en las dificultades de colectivos en situación de precariedad, pero también de otras causas de exclusión (analfabetismo, extranjería…) al acceso a la Justicia; y en el último lugar, la situación en la que se encuentra los extranjeros, mujeres y enfermos mentales que cumplen una pena de prisión.

INVESTIGACIÓN “COMPORTAMIENTOS BASADOS EN EL DISCURSO DE ODIO” (2017-2021)

Objetivos

La investigación tuvo como finalidad indagar sobre los mecanismos con los que cuenta el ordenamiento jurídico en general y el Derecho penal en particular para prevenir y sancionar, en su caso, los comportamientos de repudio y humillación hacia los miembros de los colectivos discriminados que merman sus expectativas de seguridad y sus posibilidades de ejercer de forma plena derechos tan esenciales como el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la educación o a la libertad religiosa, entre muchos otros, afectando de forma directa su dignidad, conductas todas ellas que se gestan sobre la base del llamado “discurso del odio”, conforme a la nomenclatura más extendida en el ámbito internacional de los derechos humanos.


Con carácter previo, la investigación abordó la tarea difícil tarea de identificar y conocer los factores que construyen o generan los comportamientos discriminatorios que la terminología más reciente suelen calificarse como conductas de odio, centrando la atención en tres formas de discriminación muy acusadas en nuestra actual sociedad: la islamofobia, el antigitanismo y el machismo.


En una segunda fase, la investigación se adentra ya en el estudio de las respuestas que ofrece el Derecho a las conductas de odio. Este análisis jurídico abordó necesariamente la interacción entre el derecho internacional y los derechos internos. No en vano, tanto en lo que se refiere a su definición, alcance y límites, como en el plano de su enjuiciamiento, el ordenamiento jurídico internacional, y en particular el de ámbito europeo (UE y Consejo de Europa), ha ejercido una gran influencia sobre los sistemas nacionales. Con posterioridad, se abordó la compleja regulación penales de los denominados “delitos de odio”, proponiendo distintas fórmulas para su interpretación y aplicación.


Finalmente, se buscaron alternativas al derecho penal para dar satisfacción a las víctimas que no se deberían perder de vista a la hora de elaborar las políticas públicas dirigidas a prevenir y sancionar los comportamientos de odio.

 
INVESTIGACIÓN “COLECTIVOS EN LOS MÁRGENES DEL DERECHO (2013-2016)”

Objetivos

La investigación tuvo como finalidad detectar situaciones concretas de exclusión del derecho de determinados colectivos que por circunstancias biológicas, sociales o identitarias se encuentran en los márgenes del sistema social. Un problema que adquiere particular actualidad cuando la crisis económica y el sentimiento de incertidumbre generalizado radicalizan los mercanismos de defensa del paradigma cultural hegemónico aumentando la sensación de inseguridad y de miedo al “otro”, al tiempo que se desmantelan los instrumentos de protección social de los más débiles.


Desde un claro enfoque transversal –derecho,ciencia política, antropología y trabajo social-, se analizó la situación de cinco colectivos que, ya sea por falta de adecuación a las normas convencionales o por su invisibilidad social, resultan relegados en el reconocimiento de ciertos derechos básicos de la personalidad o en las políticas sociales de protección frente a situaciones de vulnerabilidad. En primer lugar, se abordó el caso de las personas transexuales, gays y lesbianas que han quedado excluidas del amplio entramado de medidas para prevenir y castigar la violencia de género y que aun ecuentran importantes obstáculos jurídicos para desarrollar su propio modelo familia. En segundo lugar, se abordó el claro sesgo discriminatorio presente en el ordenamiento jurídico cuando trata a los extranjeros no comunitarios en situación de irregularidad administrativa en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), desentiéndose de las víctimas de trata seres humanos o de aquellos que se desplazan en busca de asilo o refugio. En tercer lugar, la investigación se ocupó de indagar en las causas que explican la inoperancia de las figuras penales destinadas a proteger a las minorías étnicas, nacionales o religiosas frente a las cada vez más frecuentes manifestaciones de racismo y xenofobia. En cuatro luegar, se invnestigó el abandono en el que se deja a los jóvenes en situación de desamparo –muchos de ellos extranjeros no acompañados- cuando alcanzan la mayoría de edad, con el consiguiente riesgo de caer en la marginación social y en la criminalidad. Por último, la investigación se dirigió a las personas mayores en situaciones de maltrato, un grupo social que, pese a la amplia gama de medidas penales sobre violencia doméstica y familiar, sigue sumido en la invisibilidad y el abandono frente a agresiones físicas, psíquicas y económicas en su entorno más cercano.

INVESTIGACIÓN “MULTICULTURALIDAD, GÉNERO Y DERECHO” (2009-2013)

Objetivos

Los problemas asociados a la diversidad cultural constituyen uno de los asuntos prioritarios en las sociedades de acogida de inmigración en la Europa del siglo XXI. Dentro del amplio campo de asuntos con trascendencia para el Derecho que plantean las sociedades multiculturales, tienen especial complejidad aquellos que afectan a las mujeres pertenecientes a minorías culturales, ya que en su caso confluyen múltiples factores de discriminación -la etnia, el género, la exclusión social- que hacen particularmente difícil su integración. Por eso, resulta pertinente realizar un análisis integrado de algunos de los problemas más significativos que se presentan para esas mujeres en la sociedad española actual con el fin de contribuir a la elaboración de estrategias coherentes para su gestión por parte del Derecho.


La presente investigación parte de la hipótesis de que la elaboración de pautas jurídicas para la solución de los conflictos interculturales asociados al género ha de venir precedida por la construcción de estrategias generales para la gestión del fenómeno de la multiculturalidad a partir de bases teóricas y políticas bien definidas, así como de la creación de unas bases comunes para un feminismo intercultural. .--­La investigación resulta pertinente porque se basa en un enfoque multidisciplinar e integrador destinado a conceder unidad a una serie de problemas jurídicos concretos que habitualmente son tratados de forma aislada y con resultados divergentes. Se pretende contribuir a la formulación de pautas generales que premitan al Derecho abordar con coherencia las situaciones conflictivas que viven muchas mujeres pertenecientes a minorías culturales en su confrontación con los valores imperantes en la sociedad de acogida. En este sentido, la propuesta entra en las «Areas y temas prioritarios del Area de gestión de estudios feministas, de las mujeres y de género» (FEM) de 2009, entre los que figuran los «colectivos de mujeres en riesgo de exclusión social » (nº 10).

 
INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA LO 1/2004 DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO” (2005-2008).

Objetivos

La investigación se centró en el análisis de la génesis, contenido y efectos de la LO 1/2004, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, en los ámbitos de mayor trascendencia jurídica (penal, laboral, asistencial, civil y procesal) desde una prespectiva clara y bien definida de género. A tal fin, el proyecto estableció dos líneas de análisis de contenido convergente y complementario: por una parte, la concreción y proyección al ámbito del Derecho positivo del pensamiento teórico sobre el que se ha construido la teoría feminista sobre la violencia, las relaciones de poder y la discriminación estructural de la mujer, partiendo de los aportes de la Sociología y Filosofía del Derecho. Por otra, un estudio criminológico sobre la génesis de la ley destinado a poner al descubierto la política social y criminal inherente a la Ley Orgánica desde la perspectiva de género y de políticas basadas en la evidencia. Sobre la base de este aparato conceptual, una segunda fase del proyecto se orientó al análisis transversal del contenido de la Ley Integral destinado a revisar sus repercusiones en diversos ámbitos del Derecho positivo, en concreto, las reformas en materia penal y sus repersuciones desde el punto de vista de la protección de la mujer maltratada; utilidad, conveniencia y sentido de la aplicación de la idea de “acción positiva” como base de la política criminal; la compatibilidad de una ley específicamente protectora de la mujer con los principios constitucionales de igualdad y prohibición de discriminación; las repercusiones de la ley en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con un análisis sistemático de las prerrogativas que se conceden a la mujer maltratada para que la violencia no obstaculice su vida laboral; los posibles efectos de la ley desde el punto de vista civil, particularmente en aspectos como la custodia de los hijos, separación y divorcio, dirigido de modo especial a la situación de las mujeres maltratadas extranjeras; el papel, utilidad y trascendencia de la creación de Juzgados especializados en Violencia de Género; el alcance, contenido y utilidad de la acumulación de competencias civiles y penales en los nuevos Juzgados de Instrucción con especialidad en género.


En definitiva, con este análisis multidisciplinar de la Ley Integral desde una perspectiva de género se pretendió visualizar las posibles ventajas y carencias de la nueva regulación en orden a la prevención y erradicación a largo plazo de la violencia que tuviese por causa el sexo de la víctima.

 

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